Vigilancia oGov

¿Es cara esta intervención?

Entendemos por factura, y entiende el mundo económico en general, un documento que respalda una actividad económica. Así, la Junta de Andalucía inicia la emisión de facturas con el objeto, según noticia de informar del coste real de los servicios prestados, en un paso decidido de acercarse al mundo competitivo que sufre día a día la ciudadanía en general.

Puede asegurarse que la iniciativa es un paso más de transparencia sin embargo, no es en absoluto una idea pionera o innovadora en su puesta en marcha. Veremos si esta innovación se produce en aspectos como su sostenimiento a largo plazo, la mejora mejora continua y/o veracidad de este servicio de información pública.

Conviene tener en cuesta algunos aspectos:

–          Anteriormente estas experiencias dieron marcha atrás cuando se generalizaba entre la ciudadanía la opinión de un servicio poco competitivo en precio, es decir, excesivamente caro, y se extendía la creencia de una ineficiente gestión de sus impuestos.

–          A esto hay que añadir la duda constante sobre el grado de veracidad del coste informado. La extensa bibliografía sobre esta disciplina económica nos permite llegar a una conclusión; puede establecerse “casi” cualquier coste por un servicio, pues este coste solo tiene sentido dentro de una estrategia de una organización para un mercado. ¿Cual es la estrategia, el mercado y el contexto?, ¿Qué se pretende con esta información?, ¿Qué alternativas tendrá el ciudadano a partir de la información que se le entrega?. Me parece que deberíamos estar hablando de mejora continua y también de competitividad.

–          No parece que estrictamente se trate de un coste completo (full), de ser así, se incluirían todos los costes de administración sanitaria y administración general no repercutibles en servicios. Si no hay un modelo global de costes de la administración, carece de sentido decir cual es el coste de una actuación aislada.

–          También parecería más próximo a la realidad la utilización de un modelo de costes que separase de forma nítida y transparente los costes generales (tendentes a la mínimización) de los costes directos (tendentes a la externalización), que estableciese un marco anual de trabajo (objetivos e indicadores), que midiese adecuadamente la evolución y grado de cumplimiento de ese marco de trabajo (transparencia).

–           Para empezar, deberíamos tener claro el catálogo de servicios y/o productos que ofrece la administración, así como los recursos que tiene asignado cada servicio. Este sería el primer paso para poder calcular su coste.

–          Y en relación a la externalización se abriría por enésima vez un debate recurrente, el concepto de privatización y la identificación de los procesos de valor, y por lo tanto no externalizables, de una administración.

En cualquier caso, sea cual sea el objetivo de la iniciativa, las escasas (o nulas) alternativas que ofrezca al ciudadano y pese a las reticencias indicadas, debería establecerse como derecho del ciudadano recibir facturas informativas sobre los servicios utilizados, sea estos cuales fuesen. Para ello, los sistemas informáticos de presupuestación y contabilidad han sido los más modernizados desde un principio. Deberíamos hablar de costes públicos, transparentes, abiertos y comparables, no solo de una administración consigo misma sino de todas las administraciones entre si.

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octubre 21, 2010 Posted by | Transparencia | Deja un comentario